Ensayo: “¡A lavarse las manos! Agua y alcantarillado en Perú desde una perspectiva histórica”

Nashely Yuvitza Lizarme Villcas

Centro de Historia UNI y Bibliometría

Hasta el día de hoy, el Estado peruano ha ido desplegando diversas estrategias sanitarias para enfrentar la epidemia del coronavirus. El Ministerio de Salud ha indicado una serie de recomendaciones para evitar el contagio del virus entre la población. Según estas directivas, y siguiendo las recomendaciones de expertos a nivel mundial, lavarse las manos con abundante agua y jabón podría marcar la diferencia en el estado de salud de la población. Sin embargo, esta misma receta encierra serios cuestionamientos sobre cuán factible es para toda la población seguir esta indicación, que en apariencia parece ser muy sencilla.

Hasta el 13 de marzo, fecha en la que se suspendieron las actividades escolares a nivel nacional, la Dirección Regional de Educación de Lima indicó que el 10% de los colegios de Lima Metropolitana no tenía acceso a servicios de agua potable y desagüe. Además de que 463 centros educativos estaban ubicados cerca a “basurales o estanques de agua”, lo que aumentaba la posibilidad de contraer alguna enfermedad infecciosa como el dengue. [1] Por otro lado, según los registros del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en las zonas urbanas la cobertura agua potable es del 94% y un 72% en el ámbito rural, mientras que el alcantarillado en las ciudades es del 72% y solo un 18% de la población rural cuenta con desagüe. [2] No obstante, estas cifras no revelan la calidad o la frecuencia con que los pobladores de estas zonas reciben este servicio. Es sabido que en distritos de la capital como Puente Piedra y Chorrillos el horario para el consumo de agua es restringido; mientras que en centros poblados del sur de Lima esa situación empeora, pues se carece completamente de ese servicio. [3] En estos casos, la sencilla recomendación de lavarse las manos de forma continua para protegerse de la amenaza del COVID -19 se transforma en un gran desafío.

Históricamente, la asociación entre agua potable y salud pública ha sido una preocupación constante entre las autoridades sanitarias, siendo la construcción de infraestructura para el saneamiento básico una de las principales deficiencias con las que se han enfrentado.  Desde inicios del siglo XX, los estudios técnicos realizados por ingenieros y médicos higienistas advertían sobre la importancia de la “buena calidad del agua” y el adecuado sistema de desagües como medidas para evitar la proliferación de medios contaminantes que posiblemente podían generar enfermedades y, en el peor de los casos, epidemias. Si bien es cierto, las autoridades locales con ayuda del Ministerio de Fomento realizaron trabajos de saneamiento, la calidad y cantidad de estas obras se veían condicionados por la capacidad económica de las juntas departamentales o, en todo caso, de las empresas a las que se le encargaba su construcción. [4] Muchos de estos trabajos solo se realizaban en ciudades con una economía dinámica excluyéndose a gran parte de la población.

El impacto económico y social de las epidémicas empujaron al Estado a fortalecer las instituciones sanitarias y crear entidades encargadas de abordar de forma sistemática los problemas de “salud pública”. En este escenario, las obras de saneamiento básico empezaban a ser necesidades que debían de tomarse en cuenta.  Si bien es cierto, el saneamiento de diferentes ciudades de la República se había abordado de forma inconexa y obedeciendo principalmente a criterios de carácter económico, desde 1920 el Estado asumió la dirección de la construcción de este tipo de obras públicas.  Este mismo año, la promulgación de la Ley 4126 permitió la expropiación de las empresas de agua que funcionaban en diferentes distritos de Lima y provincia, así como los terrenos públicos y privados para la construcción de redes de agua y desagüe. El Estado intentó centralizar la ejecución de las obras de saneamiento a través del Ministerio de Fomento, sin embargo, el enorme gasto económico que este trabajo suponía generó el aumento del endeudamiento público.  Este proyecto iniciado durante el segundo gobierno de Augusto B. Leguía duró hasta la década de 1930, siendo la empresa norteamericana The Foudation Company la encargada de realizar dichas obras. Una vez suspendido el contrato con la empresa, en Lima se creó la Superintendencia de Agua Potable de Lima y las obras en provincias quedaron bajo la supervisión del Ministerio de Fomento.

El Censo de 1940 mostró que Lima y Callao concentraban casi la mitad de las obras ejecutadas, mientras que en provincias del interior del país solo el 27.3% contaba con el servicio de agua potable. En las ciudades censadas las obras presentaban serias deficiencias técnicas y en algunos casos se trataban de instalaciones incompletas sin sistemas de captación de agua y sin plantas de purificación. [5] Por otro lado, los desagües existentes desembocaban en ríos o en el mar convirtiéndose a la larga en focos infecciosos.

Afortunadamente no todas fueron malas noticias. Entre las décadas de 1940 y 1960 se evidenció un rol más activo por parte del aparato público para la construcción de servicios de saneamiento básico. Mientras que el Estado creó fondos especiales para estas obras a nivel departamental, las instituciones de cooperación internacional para la salud pública contribuyeron a entrenar profesionales sanitarios y mejoró el equipamiento de instituciones públicas. En 1940 con apoyo del Ministerio de Fomento, el Instituto de Medicina Social y el Instituto de Asuntos Interamericanos se creó en la entonces Escuela de Ingenieros (hoy Universidad Nacional de Ingeniería), la especialidad de Ingeniería Sanitaria.

Con el apoyo de estos profesionales, muchos de ellos especializados en el extranjero, y la cooperación internacional se reforzaron las oficinas técnicas sanitarias de los Ministerios de Salud y de Fomento. Estas condiciones dieron cabida a la descentralización de las obras de saneamiento. Desde los años 50, los ingenieros e inspectores sanitarios incursionaron en pequeñas poblaciones del interior del país y empezaron a tener una mayor presencia en los programas de salud de las distintas Unidades Sanitarias establecidas en diferentes departamentos del país. La labor de ingenieros y médicos sanitarios permitió llevar a cabo campañas de lucha contra la malaria, la peste, la tifoidea, el cólera y otras enfermedades infecciosas.

A su vez se empezaron a elaborar de forma sistemática planes técnicos para abordar el problema de la falta de agua y desagüe a nivel nacional. En 1956 se presentó el “Estudio del mejoramiento de la red de distribución de agua potable de Lima” y en 1959 se publicó un “Plan Nacional de Obras Sanitarias de agua potable y Desagüe”.  Sin embargo, para la elaboración de este plan se usaron solo datos disponibles en las oficinas de la capital, por lo que las aproximaciones fueron de índole general y no representaban la realidad del estado sanitario del país. Por otro lado, la creación del Fondo Nacional de Desarrollo Económico unificó las partidas presupuestales y las leyes especiales dedicadas a la construcción de obras de saneamiento.

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La correcta distribución de recursos permitiría prestar un mejor servicio de saneamiento básico. En este sentido la dotación de agua potable en suficiente cantidad y calidad ya era considerada como una prioridad básica para la salud de las poblaciones. Para muchos especialistas de la época, el agua se encontraba en la primera línea de “defensa del capital humano” por su influencia con otros planes y programas de saneamiento ambiental de salud pública y desarrollo económico. Este panorama exigía la atención preferencial y primordial de los organismos estatales. En términos económicos, el gasto en salud pública se consideraba como una inversión para mejorar la actividad productiva, pues influía directamente en el mejoramiento socioeconómico de la población.

Hasta la década de los 70, el Estado era el único ente que centralizaba la prestación de estos servicios a través de los Ministerios de Salud y Fomento y sus correspondientes oficinas regionales. En términos generales se buscaba ampliar la cobertura del servicio por medio de empresas estatales y dependencias administrativas y técnicas de las carteras ministeriales. Sin embargo, desde la década de los 80 se inició un proceso de descentralización de las funciones del Estado. En el sector saneamiento se creó el Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (SENASA), que incluía a Sedapal y otras 14 empresas filiales que funcionaban al interior del país. A partir de este periodo, la prestación del servicio comenzó a adquirir una administración cada vez más independiente.

En los años 90 se consolidó un carácter más empresarial de la prestación del servicio de agua potable. El gobierno de Alberto Fujimori decidió ceder la administración de las empresas de agua, con excepción de Sepadal, a los gobiernos locales sin antes realizar una evaluación de la capacidad de estas instituciones para manejar la administración adecuada de este servicio.[6] Como consecuencia se desactivó el SENASA y en su lugar se creó lo que ahora se conoce como Empresa Prestadora de Servicios (EPS) y una Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento encargada de supervisar y regular la labor las empresas comunales encargadas de la prestación de los servicios de agua y desagüe.

En este contexto, la epidemia del cólera que azotó a diferentes regiones del país evidenció la precariedad del sistema de salud pública y la importancia de un adecuado sistema de saneamiento básico. Según Marcos Cueto, durante la epidemia del cólera en 1991, en el Callao la población consumía agua con residuos fecales y en Lima, en los pueblos jóvenes se ingería agua sin potabilizar. En líneas generales, la persistencia de enfermedades diarreicas relacionados con el consumo de agua con residuos fecales u otras materias contaminantes demostró que a pesar de las décadas transcurridas y el nuevo sistema que privilegiaba al sector privado, no se había podido superar algunas taras que se arrastraban desde décadas anteriores. Muy por el contrario, se precarizó las condiciones de vida de la población de menores ingresos y las instituciones públicas de salud se vieron incapaces de resolver los problemas que los aquejaba.

En la actualidad, zonas de pobreza y pobreza extrema, la ausencia del servicio de agua y desagüe obliga a la población a comprar agua de cisternas que, en ciertas ocasiones, no cumplen con las mínimas condiciones sanitarias. En otros casos, cuando los centros poblados pueden organizarse, en ocasiones con ayuda de los gobiernos locales, se construyen pozos de agua para abastecer sus necesidades. En los casos más extremos, el costo del agua también es un factor determinante, ya que establece la cantidad y la frecuencia con la que se accede a este recurso, además limita su uso ya que es un bien “escaso”.  La falta de recursos afecta de manera diferenciada a los grupos sociales, siendo los sectores de bajos ingresos lo que registran un mayor impacto en su salud. Esta situación los convierte en población de riesgo de sufrir desde enfermedades diarreicas, que según el MINSA han ido en aumento desde la década de 1990, hasta del zancudo del dengue que deposita sus huevecillos en los cilindros, pozos y hasta en los baldes donde los pobladores almacenan agua. Ahora también debe sumarse la dificultad de lavarse las manos con frecuencia para prevenir el COVID 19.

Los historiadores de la salud reconocen a las epidemias como momentos cruciales para evaluar la capacidad de respuesta de los Estados frente a situaciones de crisis, así como para medir la utilidad de los planes de prevención en materia de salud pública. Además, permite reflexionar sobre los elementos que la población tiene a su disposición para responder frente a las calamidades que acarrean las epidemias. Este contexto vuelve a poner sobre el tapete la importancia de mejorar la administración y gestión para la prestación de servicios de agua y desagüe. Si bien es cierto, el Plan Bicentenario aspira a que el 100% de la población urbana y el 80% de la población rural cuente con acceso adecuado a este servicio, valdría la pena cuestionarse si existen las condiciones económicas y logísticas necesarias para llevar a cabo este propósito.  Por otro lado, también permite reflexionar sobre la atención que se le ha prestado al sector saneamiento como un mecanismo para enfrentar enfermedades como el COVID 19 que han puesto en jaque las prioridades del actual sistema en el que vivimos. Entonces ¿el agua es una necesidad, un derecho o un privilegio?  ¿Nos podemos todos lavar las manos varias veces al día? ¿Es realmente sencillo seguir esta indicación como los medios de comunicación lo sugieren?

 

 

Referencias

[1]” Minedu vigilará que no falte agua ni jabón en colegios para evitar coronavirus”. En Agencia Andina, Lima 9 de marzo de 2020. Disponible en https://andina.pe/agencia/noticia-minedu-vigilara-no-falte-agua-ni-jabon-colegios-para-evitar-coronavirus-video-787570.aspx [Fecha de consulta 29 de marzo de 2020].

[2] “¿Agua para todos?: Los desafíos del sistema público de agua y alcantarillado”. En El Comercio, Lima 21 de enero de 2019. Disponible en https://elcomercio.pe/economia/peru/agua-desafios-pendientes-sistema-publico-agua-alcantarillado-noticia-599530-noticia/. [Fecha de consulta 31 de marzo de 2020]

[3]” Cuarentena sin agua: historias de quienes no tienen este servicio en la capital para protegerse del COVID-19” En El Comercio¸ Lima 27 de marzo de 2020. Disponible en https://elcomercio.pe/lima/sucesos/cuarentena-sin-agua-historias-de-quienes-no-tienen-este-servicio-en-la-capital-para-protegerse-del-covid-19-coronavirus-coronavirus-en-peru-noticia/?fbclid=IwAR00Vq-GyoVISSPlnLUPk1cUoQ7qv9-87PxaSTBQo78JDnuNtLxHa6dpVqs [Fecha de consulta: 29 de marzo de 2020]
[4] Véase los diferentes números de la revista Anales de Obras Públicas del Perú (1884 – 1920).

[5] Alberto Ureta, “El saneamiento urbano en el Perú”, en Boletín de la Escuela Nacional de Ingenieros, Serie III, Tomo XIX, julio, agosto y setiembre de 1946.

[6] Lidia Oblitas, Servicios de agua potable y saneamiento en el Perú, Santiago de Chile: CEPAL, gtz y Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo.

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